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Resumen: La corrupción es un fenómeno global que genera pobreza, especialmente en países cuya Administración Pública es vulnerable. En Honduras la fragilidad del Estado y la colusión entre funcionarios públicos y privados disminuye la calidad de la justicia. Este artículo analiza el funcionamiento de la red de corrupción que actuó en la concesión del río Gualcarque, y cómo esta red utilizó su poder para manipular procesos, culminando en el asesinato de la ambientalista Berta Cáceres. Utiliza un enfoque mixto. Aplica el análisis de redes Pajek, que mapea conexiones entre diferentes actores. Utiliza la revisión sistemática de literatura y el análisis hermenéutico para analizar e interpretar diversos documentos, y poder describir información de redes de corrupción y responder a las preguntas de investigación. Los resultados revelan colusión entre actores públicos y privados, la estructura de las elites y redes de poder económico de Honduras y la red de corrupción que operó en la concesión del río Gualcarque. En las conclusiones se destaca la necesidad de fortalecer la administración pública y el estado de derecho, promoviendo reformas estructurales para desmantelar estas redes.

Palabras claves: redes de corrupción, estado de derecho, administración pública, gobernanza

Abstract: Corruption is a global phenomenon that generates poverty, especially in countries with vulnerable public administrations. In Honduras, state fragility and collusion between public and private officials diminish the quality of justice. This article analyzes the functioning of the corruption network that operated in the Gualcarque River concession, and how this network used its power to manipulate processes, culminating in the murder of environmentalist Berta Cáceres. It uses a mixed-method approach, applying Pajek network analysis, which maps connections between different actors. It also uses a systematic literature review and hermeneutic analysis to analyze and interpret various documents, in order to describe information on corruption networks and answer the research questions. The results reveal collusion between public and private actors, the structure of the elites and economic power networks in Honduras, and the corruption network that operated in the Gualcarque River concession. The conclusions highlight the need to strengthen public administration and the rule of law, promoting structural reforms to dismantle these networks.

Keywords: Corruption networks, Rule of law, Public Administration, governance

1. Introducción

La Organización de Naciones Unidas se refiere a la corrupción como una plaga insidiosa que tiene consecuencias corrosivas para la sociedad, ya que socava la democracia y el estado de derecho, da pie a violaciones de los derechos humanos, distorsiona los mercados, menoscaba la calidad de vida y permite el florecimiento de la delincuencia organizada, el terrorismo y otras amenazas a la seguridad humana (Naciones Unidas Oficina contra la droga y el delito, 2004).

En el décimo sexto Objetivo de Desarrollo Sostenible, denominado: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, se establece como meta número cinco (16.5): “Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas” (ONU, 2015). Según Transparencia Internacional (2024), los gobiernos del mundo fracasan en gran medida en detener la corrupción, señalando que el Índice de Percepción de Corrupción (IPC, 2023), muestra que la mayoría de los países logró mínimos o nulos avances en combatir la corrupción en el sector público, y que en los últimos 12 años el promedio global del IPC se mantuvo sin variaciones en 43 puntos. Más de dos tercios de los países obtienen una puntuación inferior a 50, lo que indica que existen graves problemas de corrupción en el mundo (Transparencia Internacional, 2024).

A nivel latinoamericano, Carvajal Martínez et al. (2019) señalan que el combate a la corrupción no es reciente, destacando que en 2007 la ONU ya se refería a la crisis de legitimidad de la democracia por la corrupción y el crimen organizado, y consideraba que los países más pobres y con mayores niveles de desigualdad son más vulnerables a la corrupción (Carvajal Martínez, 2019). Para Pastrana Valls (2019), la corrupción ha venido afectando todas las agendas latinoamericanas y convirtiéndose en un obstáculo para la eficiencia del sistema democrático, lo que ha impactado en los niveles de satisfacción con este régimen (Valls, 2019).

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH, 2019), señala que entre los impactos más significativos del fenómeno de la corrupción en la región se encuentran las afectaciones en la institucionalidad estatal, en particular en la administración de justicia (CIDH, 2019). La CIDH (2019) destaca que uno de los factores que coadyuvan a que la corrupción se transforme en un fenómeno estructural, es la impunidad de quienes incurren en estas prácticas, afirmando que la corrupción adquiere su máxima expresión cuando alcanza el nivel estructural (CIDH, 2019).

A nivel centroamericano, el Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS) et al. (2019), señala que la inseguridad y la impunidad han afectado profundamente a los habitantes de Guatemala, El Salvador y Honduras, y cataloga a la región, conocida como el triángulo norte de Centroamérica, como una de las más violentas del mundo, en virtud de que los altos niveles de violencia, corrupción e impunidad han socavado la capacidad de los estados de construir instituciones accesibles y eficientes (IUDPAS, WOLA, IUDOP, 2019). Pérez Martínez y Rodríguez Fernández (2020) analizan la corrupción como un flagelo que entorpece los esfuerzos de integración en esta área geográfica, señalando que en este territorio cada vez son más frecuentes los escándalos de corrupción, por lo que lo considera un fenómeno latente, que se manifiesta de manera cotidiana y progresiva, que es complejo y nocivo, porque erosiona la confianza social en las instituciones y los actores sociales (Pérez Martínez, 2020).

En el caso específico de Honduras, según IUDPAS et al. (2019), la corrupción ha avanzado hasta convertirse en un problema estructural, repercutiendo directamente en la calidad de la democracia, en la efectividad del Estado y en los altos niveles de pobreza e inequidad que enfrenta la ciudadanía hondureña (IUDPAS, WOLA, IUDOP, 2019).

Pagán Rodezno (2018) señala que la corrupción es uno de los problemas más graves a los que se enfrenta Honduras, destacando que anualmente se pierden alrededor de diez mil millones de lempiras, equivalentes al 2% del Producto Interno Bruto, debido a los distintos actos de corrupción que ocurren en el país (Rodezno, 2018).

Según Transparencia Internacional (2024), desde 2018 Honduras ha experimentado un descenso significativo en las puntuaciones del IPC, señalando que su última puntuación fue 23 (Transparencia Internacional , 2024).

El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) señala que, a lo largo de la historia, la corrupción en Honduras ha significado una tragedia en el tejido social, las instituciones públicas y el desarrollo privado (CNA, 2020). El CNA determinó el monto global del perjuicio macroeconómico ocasionado por la corrupción en Honduras durante el período 2014-2018, en comparación con el Producto Interno Bruto (PIB) del país, concluyendo que las proporciones estimadas del peso de la corrupción van entre un diez y doce punto cinco por ciento (10% - 12.5%) del PIB, indicando que no se trata de una magnitud marginal sin capacidad real de alterar la generación presente y futura de valor (CNA, 2020).

Chávez Baca y García Lara (2023) destacan que Honduras es un ejemplo en el que la corrupción es una de las principales causas de las crisis de gobernabilidad, señalando que el ranking de corrupción se ha elevado desde el puesto 71 (año 2001) al puesto 157 en 2020, manteniéndose en este puesto en el periodo 2020-2022 (Chavez Baca, 2023).

Figura 1. Ranking e índice de la corrupción en Honduras durante el periodo 2001-2022

Fuente: imagen tomada del articulo: Impacto de la corrupción en el desarrollo y en los derechos humanos en Honduras (Chavez Baca, 2023).

En esta investigación se analiza el funcionamiento y operación de la red de corrupción público-privada que facilitó la concesión ilegal del río Gualcarque, en Honduras, y cómo esta red de corrupción manipuló procesos administrativos y judiciales, culminando en la muerte de la activista ambiental Berta Cáceres, quien lideró la oposición a este proyecto. Para ello, se pretende responder las siguientes preguntas de investigación:

2. Marco teórico

Corrupción y administración pública

Según Zavaleta Cabrera (2023), la administración pública es conceptualizada como el conjunto de acciones que realizan las entidades del Estado en los diferentes niveles de gobierno, para el logro de fines, objetivos y metas enmarcadas en las políticas gubernamentales, utilizando medios adecuados y mecanismos de decisión para la asignación y distribución correcta de los recursos públicos en bienestar de la población (Cabrera, 2023). Para este autor, la corrupción en la administración pública propicia el aprovechamiento de los recursos públicos del Estado en beneficio particular, generando repercusiones políticas, económicas y sociales, vulnerando los derechos humanos en perjuicio del desarrollo social (Cabrera, 2023).

Para Zavaleta Cabrera (2023) la corrupción hace ineficiente la administración pública, al incrementar el tamaño del Estado y la burocracia, dejando de lado la competencia, la facultad para generar procesos transparentes y competitivos (Cabrera, 2023).

Para las Naciones Unidas, reinventar la administración pública es un reto crucial para construir instituciones eficaces y transparentes (United Nations Department of Economic and Social Affairs, 2023). Naciones Unidas también plantea que las instituciones públicas eficaces forman parte esencial en el compromiso de los estados para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), como se señala en la meta seis del ODS 16: “Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas” (United Nations Department of Economic and Social Affairs, 2023).

Malvicino (2001) plantea que el Estado moderno debe caracterizarse por sus resultados, los cuales deben mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, y por sus prácticas transparentes y legítimas (Malvicino, 2001). Meier y O'Toole (2002) señalan que un principio básico de la administración pública es que la gestión pública puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso en la obtención de resultados de políticas públicas (Meier, 2002).

En la búsqueda por alcanzar mejores resultados, Van Slyke (2003) plantea: “los estados y los municipios han privatizado los servicios en un esfuerzo por mejorar su eficacia en función de los costos y su calidad”. Olssen y Peters (2005) plantean que en la gubernamentalidad neoliberal, las dimensiones centrales de la nueva gestión pública son la flexibilidad, la planificación estratégica que implica objetivos claramente definidos y una orientación a resultados con indicadores de desempeño (Olssen, 2005).

Según Galindo Camacho M. (2000), la administración pública tiene su origen en tiempos remotos y, como ciencia, debe estudiarse cuidadosamente para que responda a los cambios y requerimientos de la sociedad actual (Galindo Camacho, 2000). Para Hernández Cortez (2016), la administración pública es una ciencia que dialoga con la historia, la sociología, la ciencia política, las políticas públicas, la economía, la hermenéutica, el derecho, entre otras disciplinas (Cortez, 2016).

Para Aguagallo Cando et al. (2018) la administración pública es todo lo que se refiere al cumplimiento de las políticas del gobierno (Aguagallo, 2018). Parrado Díez y Ruiz López (1999) consideran que la administración pública debe entenderse como: las partes centrales del Estado que realizan funciones administrativas de desarrollo y puesta en práctica de las políticas públicas. Es decir, las organizaciones sometidas a la autoridad, directa o indirecta, de políticos electos y dedicados a la administración y provisión de servicios públicos (Parrado Díez, 1999).

Para Barrios Junco et al. (2014) administración pública es un término de límites imprecisos, que comprende las organizaciones públicas que realizan la función administrativa y de gestión del Estado y de otros entes públicos, ya sean de ámbito regional o local que, por su función, contacta directamente a la ciudadanía con el poder político, satisfaciendo de forma inmediata los intereses públicos, por contraste con los poderes legislativo y judicial, que lo hacen de forma mediata (Barrios, 2014).

Redes de corrupción

Mendoza C. (2019) sostiene que las redes de corrupción son estructuras complejas, que se adaptan para utilizar los recursos privados, públicos y los propios de las estructuras criminales, para utilizar al Estado como la principal fuente de acumulación de capital, en un marco de impunidad, teniendo un campo de poder e influencia en la institucionalidad estatal, pero de forma particular en los entes encargados de impartir la justicia (Mendoza, 2019).

Según Monteverde (2017) la teoría de las redes de corrupción está basada en la adaptación de la Teoría de las Redes Sociales al fenómeno corruptivo (Monteverde, 2017). También señala como elementos básicos de una red de corrupción los siguientes: 1) Nodos de corrupción: contactos, puntos de origen de las ramificaciones, nodos extremos y nodos intermedios, persona que establece relación con otras, 2) Enlaces: relaciones entre los nodos, las personas que integran la red, 3) Acto de corrupción: el objetivo de las relaciones de los nodos o contactos (Monteverde, 2017).

Monteverde (2017) hace referencia a la teoría de la corrupción sistémica y a la corruptocracia como origen y generación de redes de corrupción y mundos pequeños de corrupción. En tal sentido, señala que la corrupción sistémica en el sector público: es la corrupción generalizada que en una sociedad afecta las bases institucionales y las mismas entidades encargadas de investigar, juzgar y sancionar la corrupción, no lo hacen, por estar cooptadas por el poder de turno, una situación de corrupción generalizada, extendiéndose al sector privado y el sector político (Monteverde, 2017).

Monteverde (2017) se refiere a la corruptocracia: como el estadio supremo de la corrupción, donde el sector privado, tiene que actuar bajo patrones de corrupción y donde metodológicamente hay un arte de la corrupción. Las influencias del sistema político, privado y público generan un verdadero mercado de la corrupción, donde todo es negociable: obra pública, concesiones, licencias, flexibilidad de los controles, y un interminable elenco de posibilidades acompañado por una amplia gama de comportamientos corruptos, como corolario las investigaciones sobre corrupción y causas son inexistentes (Monteverde, 2017).

Redes de corrupción en Honduras

Para el Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD 2021), la corrupción en Honduras tiene carácter sistémico y la lucha por enfrentarla es compleja y difícil, debido a la captura del Estado por parte de redes de corrupción e impunidad (CESPAD, 2021).

Según Sorto (2019) los últimos casos de corrupción, revelados por la acción conjunta entre la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) y la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC), han evidenciado que la corrupción no es una acción delictiva que se comete de forma individual y para beneficio personal, sino por redes de corrupción que buscan un beneficio colectivo y, que a su vez, están insertas en las estructuras de poder político y económico en el país (Sorto, 2019). Para Sorto (2019), en Honduras la corrupción ha estado presente a lo largo de su historia y se ha ido consolidando de forma progresiva y acumulada, hasta constituirse en un sistema de corrupción e impunidad, promovido por distintos actores públicos y privados integrados en redes de corrupción que actúan con el amparo de la impunidad (Sorto, 2019). Según este autor, estas redes de corrupción son un tipo de estructura delictiva de carácter mixto que supone la interrelación entre los sectores del ámbito gubernamental o público, con el sector empresarial y estructuras criminales, cuyo objetivo es utilizar de forma estratégica los instrumentos legales e ilegales, con el objetivo de transformar los recursos estatales en su principal mecanismo de acumulación de capital (Sorto, 2019). Para Sorto (2019) este tipo de corrupción constituido por las conexiones entre las elites políticas, económicas, gobernantes y el crimen organizado puedan tener una diversidad de mecanismos y estrategias para llevar a cabo las acciones de acumulación (Sorto, 2019).

Mendoza (2019), al referirse a la conexión entre las élites políticas, económicas y el crimen organizado en Honduras, señala que una década atrás el término redes de corrupción sonaba lejano en el imaginario hondureño, destacando que fue la publicación de casos de corrupción como: La Caja de Pandora, Red de Diputados, Planeta Verde, Fraude del Río Gualcarque, entre otros, los que comenzaron a darle nombre y rostros a esas redes (Mendoza, 2019).

Mendoza (2019) también sugiere que las redes de corrupción se reinventan, sobreviven y coexisten en medio de un sistema político y, sobre todo, judicial que no quiere sacudirse los intereses de las élites políticas y económicas del país (Mendoza, 2019). Dudley (2016) destaca que las redes de corrupción operan en “una zona gris, en medio de una mezcla de entidades legales e ilegales que ocultan sus actos ilícitos, cooptando miembros del sistema de justicia y de las fuerzas de seguridad”, de tal forma que no son una entidad gubernamental ni son una entidad privada, sino entidades adaptativas mixtas que se desplazan entre lo público y lo privado (Dudley, 2016). Fischer y Waxenecker (2020) plantean que es esta misma elasticidad, entre lo gubernamental, empresarial y el crimen organizado, lo que permite que las acciones de las redes de corrupción puedan ser cometidas de múltiples formas como: “espiar, cohechar, coludir, confabular, captar, transportar, contrabandear, corromper, lavar activos, asesinar, etcétera” (Fischer, 2020).

Estructura de las redes de corrupción en Honduras

A criterio de Sorto (2019) las redes cuentan con un núcleo central y con estructuras periféricas, entre las cuales se establecen vínculos fuertes y flexibles, dependiendo de su lugar en la estructura (Sorto, 2019).

Gómez Calderón (2018) plantea que la importancia del papel que cumple un agente en la red de corrupción depende de su ubicación en la estructura. Si se encuentra en el núcleo, tiene un rol sobresaliente en las actividades de planificación, organización y administración de toda la red. En cambio, si se encuentra en las subestructuras o en la periferia, tiene un rol operativo (Calderón, 2018). Gómez Calderón (2018) destaca que la red de corrupción también está constituida por una serie de vínculos entre sus miembros, de forma que los nexos pueden ser fuertes o flexibles dependiendo de la posición de los agentes en la estructura. El núcleo está constituido por relaciones fuertes o densas entre un grupo pequeño de individuos u organizaciones que velan por la administración de toda la red y que, para los propósitos perseguidos, necesitan de un alto grado de confianza y cohesión en sus relaciones mutuas. Cabe notar que estos son en su mayoría funcionarios públicos, por lo cual estos vínculos tienden a caracterizarse por relaciones fuertes basadas en la amistad o en relaciones de parentesco. En cambio, la periferia tiende a tener conexiones menos densas con relaciones flexibles, en las que los mecanismos de filiación no son tan fuertes (Gómez Calderón, 2018). Ver tabla 1

Fuente: elaboración propia a partir de la información contenida en el documento: Las redes de corrupción en el centro de la gestión del Estado hondureño (Sorto, 2019).

Sorto (2019) sugiere que en Honduras existen factores contextuales múltiples y complejos en el ámbito económico, político, institucional y social, que han sido determinantes en el surgimiento de las elites de poder que actualmente integran las redes de corrupción; sin embargo, destaca dos aspectos, el cambio del régimen político y las transformaciones en la institucionalidad estatal y en el modelo económico, que acontecieron durante los años ochenta y noventa en el país (Sorto, 2019).

Al respecto Barahona (2018) plantea que, en definitiva, el cambio más importante del modelo fue “trasladar los recursos públicos al sector privado, y garantizarle a este la maximización de sus ganancias y beneficios” (Barahona, 2018).

Según Sorto (2019), las elites se constituyeron en grupos de poder con estrategias definidas y con la capacidad de influir directamente en las instituciones del Estado, hasta lograr una representación en las esferas políticas. De forma que, con estos espacios, lograron obtener beneficios como la adquisición de exenciones de pagos de impuestos y de amplias concesiones de recursos, para favorecer la ampliación de su capital y el uso de la institucionalidad para intereses personales y corporativos (Sorto, 2019).

De acuerdo con Dudley (2016) en los últimos años, tanto las elites económicas como las burocráticas o gobernantes, han establecido vínculos basados en interacciones sociales, comerciales y políticas en los múltiples espacios donde la política y los negocios toman lugar en Honduras, con estructuras criminales no estatales, hasta el punto en que se ha establecido “una relación orgánica con el crimen organizado, que ayuda a algunos miembros de las élites a llegar a la cima, y a otros a mantenerse en ella” (Dudley, 2016).

Cómo operan las redes de corrupción en Honduras

Según Barahona (2018) en Honduras, desde 1982, el espacio político presenta una elevada concentración de poder en los partidos Liberal y Nacional, señalando que otra característica de la administración pública de Honduras es una escala a través de la cual se concreta una institucionalidad política en varios niveles, que se diferencian por la función que cumplen en la administración y sostenimiento del poder a escala nacional, regional y local, y que, por esta vía, las elites monopolizan el control de los espacios de poder en todos los niveles (Barahona, 2018).

Para Barahona (2018) la fluida rotación que se produce entre los políticos y la institucionalidad en que actúan, por la cual un actor puede pasar del Poder Legislativo al Poder Ejecutivo o Judicial, es otra característica de la administración pública de Honduras, destacando que la rotación del personal político en las instituciones del Estado representa un instrumento de poder por el cual se reafirman los grupos dirigentes en los diversos niveles, consolidando la pirámide de poder (Barahona, 2018). Barahona (2018) destaca que la convergencia de políticos y empresarios en el Legislativo y en las secretarías de Estado, demuestra que la institucionalidad creada por la transición de 1982 se convirtió lentamente en intermediaria de un proceso que ha conducido a la reconfiguración de las elites y de una clase política que se organiza en torno de intereses económicos (Barahona, 2018).

Para Mendoza (2019) la experiencia en Honduras indica que, una vez instaladas con sus estructuras, las redes de corrupción utilizan como principal estrategia la influencia que tienen sobre el sistema de justicia penal, por un lado. Mientras que, por otro, desestimar el papel de la justicia penal o disciplinaria en las investigaciones sobre actos de corrupción probados. En caso de que la investigación penal no pueda ser impedida, las redes ponen en marcha estrategias para el favorecimiento judicial, manifestadas en las resoluciones favorables a los miembros de las redes acusados por delitos de corrupción, tales como medidas sustitutivas a la prisión o la cancelación de los cargos delictivos (Mendoza, 2019)

Grupo central o núcleo	Relaciones fuertes
Se desarrollan las actividades de organización y administración de toda la red. Se encuentran los funcionarios públicos de alto poder de discrecionalidad. Se encuentran agentes con alto poder de incidencia sobre las decisiones de los agentes de alta jerarquía.	Vínculos fuertes entre un grupo no muy grande de individuos o pequeñas organizaciones. Vínculos soportados en la amistad o en relaciones de parentesco. Alto grado de confianza y cohesión en sus relaciones mutuas.
Subestructuras o periferia	Relaciones flexibles
Se llevan a cabo diversas labores que sustentan el funcionamiento de la organización. Agentes con menor poder de incidencia en el núcleo. Agentes de menor importancia de la actividad corrupta.	Conexiones menos densas. Relaciones más flexibles, en las que los mecanismos de filiación no son tan fuertes.

Mendoza (2019), haciendo referencia MAACCIH y a la UFECIC, señala que uno de los mecanismos privilegiados por las redes de corrupción en Honduras para la malversación del erario público ha sido la creación de empresas de fachada o fantasmas, que se han constituido a iniciativas de los núcleos centrales de estas redes, y que, actúan como testaferros, al igual que fundaciones y ONG, que simulan contratos con los núcleos, para justificar el flujo del dinero ilícito (Mendoza, 2019).

Justicia y corrupción en Honduras

Para Carvajal Martínez et al. (2019) una de las esferas más sensibles a la corrupción es el sistema judicial. Badel Rueda (2008) señala que, en el marco del Informe Global de Corrupción sobre el Sistema Judicial, Transparencia Internacional propone que la corrupción judicial “es toda aquella conducta que usa el poder encomendado para obtener un beneficio propio y que incluye toda influencia inapropiada sobre la imparcialidad del proceso judicial ejercida por cualquier actor del sistema de tribunales” (Rueda, 2008).

Carvajal Martínez et al. (2019), al referirse a los tipos de corrupción judicial, destaca: 1) La influencia indebida de poderes políticos y económicos y 2) Los sobornos (Carvajal Martinez, 2019). BJP/CESPAD (2021) señala que la corrupción y la impunidad se han afianzado en Honduras tras una serie de pactos de impunidad, mecanismos que emplean las redes de corrupción y del crimen organizado para cooptar las instituciones del Estado y garantizar que sus actividades delictivas queden impunes (BJP/CESPAD, 2021).

En este documento se destaca, que, según especialistas, existe un solo pacto de impunidad de las élites de poder político y económico que, cuando ve un peligro para sus beneficios, reaccionan generando bloqueos normativos o institucionales (BJP/CESPAD, 2021).

Para Soriano Ortiz E, en Honduras se presenta una tendencia del Estado hacia un “estadotropismo” que involucra a los funcionarios públicos y de empresas privadas en negocios de lavado y contrabando. Según este autor, el Ministerio Público es una institución controlada por los políticos y por redes de mafias viéndose imposibilitado para poder afrontar los retos de mantener el respeto a las leyes vigentes y el combate a la corrupción (Soriano Ortiz E.)⁴.

3. Metodología

La investigación se realizó utilizando un enfoque mixto, con diseño no experimental de tipo transversal y de alcance descriptivo⁵. Desde la perspectiva cuantitativa, se utiliza el Análisis de Redes Sociales mediante el uso del software Pajek⁶, a través del cual se mapean conexiones entre diferentes actores (DESA, funcionarios, jueces, entre otros), cumpliendo el objetivo de develar la estructura de la red de corrupción público-privada que actuó en la concesión del río Gualcarque. Desde la perspectiva cualitativa, se aplicó el método de recopilación sistemática de literatura⁷, el análisis hermenéutico⁸ y el método fenomenológico⁹, a artículos científicos de bases de datos WoS, Scopus, Scielo, Dialnet, Redalyc y Google Scholar, y documentos de instituciones de prestigio en Honduras¹⁰, con el propósito de describir, analizar e interpretar información relacionada para responder a las preguntas de investigación y alcanzar los objetivos previstos de la investigación.

4. Resultados

Aplicando el análisis de redes, se estudió la estructura de funcionamiento de las elites económicas de Honduras y la red de corrupción entre empresas privadas e instituciones públicas del Estado de Honduras, que se generó en el proceso de concesión del río Gualcarque, que provocó la muerte de la ambientalista Bertha Cáceres.

4.1. Berta Cáceres, la heroína que vive ahora en millones de hondureños

Berta Cáceres se convirtió en un emblema nacional por su lucha por la naturaleza y su pueblo, el lenca. Según Soriano Ortiz (2016), Bertha Cáceres era una líder política defensora de los territorios ancestrales de las comunidades lencas, quien, junto a otras personas, fundó el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e indígenas de Honduras (COPINH)¹¹, con el objetivo de enfrentarse a las arremetidas concesionarias del modelo neoliberal (Ortiz, 2016).

León Posada (2024) señala que dos empresarios de una hidroeléctrica han sido condenados por el homicidio de la lideresa ambiental hondureña en 2016 (Posada, 2024).

La editora de la revista Raya, tras ocho años del crimen, presenta la historia y legado de la lideresa latinoamericana en la que se reflejan miles de mujeres que luchan en contra de la violencia, las barreras de acceso a la justicia, la ausencia de garantías para sus derechos y la devastación de la madre tierra (Posada, 2024).

Fuente: imagen del artículo. En memoria de Berta Cáceres: justicia y resistencia ambiental en América Latina (Posada, 2024).

De acuerdo con Soriano Ortiz, la mayoría de los analistas coincide que el asesinato de Berta Cáceres Flores, ocurrido el 3 de marzo de 2016, no puede verse desconectado de la profundización del modelo neoliberal, además de ser un hecho de trascendencia mundial por su lucha ambiental y de derechos humanos (Ortiz, 2016). Para Soriano Ortiz, el asesinato de Berta Cáceres Flores puso nuevamente al descubierto la incapacidad del Estado de proteger las vidas de dirigentes y defensores de derechos ciudadanos, demostrando la actitud del Estado de favorecer a las multinacionales y a empresas nacionales, con capital sindicado, como la compañía DESA, que maneja el proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca (Ortiz, 2016). Soriano Ortiz (2016) señala que la compañía DESA, según las investigaciones que se han realizado de manera confusa pese a la presión internacional, ha mostrado estar involucrada en el asesinato tras el arresto en mayo de 2016 de dos personas empleadas por esta compañía (Ortiz, 2016).

4.2. Estructura de funcionamiento de las elites económicas de Honduras

Euraque (2019), al analizar la configuración histórica de las elites de Honduras ante el golpe de Estado de 2009, señala que no es fácil determinar claramente el accionar de las élites en sí; sin embargo, destaca que el peso de los segmentos tradicionales más poderosos y su influencia sobre el Estado concesionario lo asumieron más bien clanes de narcotraficantes trasnacionales, quienes invirtieron en los mecanismos políticos partidarios clientelistas de antaño (Euraque, 2019)

Barahona M. (2018) analiza las elites, las redes de poder y el régimen político del país, haciendo referencia a la representación de los grupos de poder económico en el Poder Legislativo, señala que cuando el espacio legislativo no existía (gobiernos militares), los empresarios se expresaban a través de sus organizaciones corporativas (Consejo Hondureño de la Empresa Privada, cámaras de comercio), que emiten pronunciamientos públicos para sentar su posición (Barahona, 2018).

Barahona (2018) destaca que la representación de los grupos económicos más poderosos no siempre ha sido delegada. En varias ocasiones, quienes encabezan el grupo han ejercido directamente la representación; son los casos de Jaime Rosenthal (Grupo Continental), Carlos Kattán (industria textil maquiladora), Camilo Átala Faraj (Grupo Ficohsa), Manuel Zelaya y Porfirio Lobo (sector agrícola y ganadero), Gilberto Goldstein (Grupo Atlántida), Eduardo Kafati (Grupo Intur) y Ángelo Botazzi y Nazry Asfura Zablah (industria de la construcción) (Barahona, 2018).

Barahona (2018), al referirse a la representación de los grupos con poder económico en el Poder Ejecutivo, señala que se ubican en los puestos clave del gabinete de Gobierno; algunos de los más apetecidos son la presidencia del Banco Central, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, la Secretaría de Finanzas, el Ministerio de la Presidencia y otros puestos muy cercanos al mandatario, como el de asesor presidencial, aunque ocasionalmente no lo logran (Barahona, 2018). Destaca, que desde la década de 1990 han sido también muy apetecidas las secretarías de recursos naturales, ambiente, agricultura y ganadería, por su estrecha relación con los nuevos rubros de explotación, como la minería, la plataforma marítima y la generación de energía eléctrica (Barahona, 2018).

Por la naturaleza de la investigación se hace énfasis en el análisis del Grupo Ficohsa. En tal sentido, se destaca que Waxenecker (2019) sistematizó la información de 45 sociedades mercantiles que se vinculan con este grupo (Waxenecker, 2019). Este autor, señala que esta subred se fracciona, desde el punto de vista de las inversiones corporativas, en diferentes entramados. El principal entramado afirma la posición céntrica de Banco Ficohsa como una empresa insignia (Waxenecker, 2019).

Fuente: imagen tomada del documento Redes de poder político – económico en Honduras: un análisis posgolpe (Waxenecker, 2019).

Para Barahona (2018) este mercado, en el que se negocian los puestos clave, determina la configuración del gabinete de Gobierno sin otras consideraciones sobre la idoneidad de la persona escogida, y facilita la creación de redes que favorecen la conjugación de intereses entre el mandatario, su partido y los grupos de poder más influyentes. La mayoría de estas redes no son visibles ni actúan con la transparencia que se espera de un gobierno surgido de elecciones libres, son el resultado del peso de los financiadores de las campañas electorales que, hasta 2017, no eran objeto de supervisión y vigilancia por parte de los órganos contralores del Estado (Barahona, 2018).

Barahona (2018), refiriéndose a los grupos financieros más importantes, plantea que este sector representa el grado más alto de concentración de capitales, y que este grupo es el más protegido, el que acapara el mayor número de transacciones con el Estado para captar sus recursos, y el más beneficiado por las políticas de privatización. Por lo que es el más vinculado con el Estado y con el poder público. En este sector, los bancos Ficohsa¹² y Atlántida, ocupan las posiciones de liderazgo en la banca privada (Barahona, 2018).

Fuente: imagen tomada del documento Redes de poder político – económico en Honduras: un análisis posgolpe (Waxenecker, 2019).

Al referirse a los grupos familiares en la concentración del poder económico, destaca que la mayoría son de origen árabe (Barahona, 2018). Según este autor, el rasgo distintivo de estas familias es que definieron el potencial de sus negocios basándose en una estrecha relación con el Estado, de la cual han obtenido cuantiosos beneficios, destacando que la jerarquía que prevalece en estos grupos, la cima la ocupan los emporios familiares Átala Faraj, Nasser, Andoni Bai, Faccussé, Larach, Canahuati-Larach, Goldstein, Kafie, Villeda Toledo, Ferrari, Kafati, Bueso Arias y Maduro (Barahona, 2018).

Fuente: elaboración propia utilizando el software Pajek, sobre la base de la información proporcionada en el documento Elites, redes de poder y régimen político en Honduras. Resumen Ejecutivo (Barahona, 2018).

Barahona (2018), en su documento Élites, redes de poder y régimen político en Honduras, ofrece un análisis profundo de cómo las élites hondureñas han configurado el panorama político, económico y social del país desde la década de 1980 (Barahona, 2018). Señala además que Honduras, desde 1982, ha experimentado importantes transiciones políticas, que en la década de 1990 se complementaron con transiciones económicas, las cuales han sido instrumentalizadas por las élites para consolidar su control sobre los recursos del país, creando un Estado de derecho atípico y una democracia que, lejos de servir al interés público, ha sido manipulada para servir a los intereses de las élites (Barahona, 2018).

Al referirse a las redes de poder y los mecanismos de funcionamiento, Barahona (2018) describe el campo político hondureño como un espacio dominado por los intereses privados, con una sobre representación de estos, destacando que el poder ha sido monopolizado por los partidos tradicionales, Nacional y Liberal, los cuales han mantenido un control casi absoluto del Congreso Nacional. Además, señala una fluida rotación de actores políticos entre los diferentes poderes del Estado, lo que consolida la jerarquía y perpetúa el control elitista (Barahona, 2018).

4.3. Sobre la concesión de los recursos naturales y los grupos de poder

Barahona (2018) plantea que las élites hondureñas han explotado los recursos públicos y naturales para su beneficio privado, señalando que la privatización de servicios públicos y la concesión de recursos naturales se ha realizado bajo políticas que favorecieron a grupos económicos específicos, reforzando su poder y riqueza (Barahona, 2018). Para este autor, los actores involucrados en la labor expoliadora de los recursos estatales no tienen escrúpulos a la hora de decidir si el mecanismo por utilizar para lograr sus propósitos es lícito o ilícito, legítimo o ilegítimo (Barahona, 2018).

Barahona (2018) destaca que esto tiene un efecto profundo sobre el estado de derecho pues, en la mayoría de los casos, las elites implicadas han recurrido a la corrupción para garantizar recursos estatales que de otra manera podrían perder, o por los que tendrían que pagar un costo más elevado (Barahona, 2018). También señala la participación de las principales familias integrantes de los grupos financieros en los dos partidos políticos tradicionales, indicando que las familias de filiación liberal han sido los Bueso, Ferrari, Kafati, Rosenthal, Bográn y Villeda Toledo. En tanto las familias Goldstein, Callejas, Kattán, Rivera López y López Arellano han sido las de filiación nacionalista. Destacando que las familias Agurcia, Átala y Faccussé repartían sus afinidades políticas en ambos partidos (Barahona, 2018).

4.4. Sobre la red de corrupción publico privada en la concesión del Rio Gualcarque

El Centro de Estudios para la Democracia (CESPAD, 2021) sistematiza el caso Fraude Sobre el río Gualcarque, que fue judicializado por la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) y la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC) (CESPAD, 2021).

El caso fue presentado ante el Sistema Judicial en marzo de 2019, centrándose en cómo las redes de corrupción facilitaron que la empresa Desarrollos Energéticos S. A. (DESA) obtuviera contratos y permisos irregulares para construir la represa hidroeléctrica Agua Zarca en el río Gualcarque. Estos procesos se llevaron a cabo entre 2010 y 2019 (CESPAD, 2021).

El análisis del CESPAD (2021) destaca la colusión entre actores privados y funcionarios públicos para facilitar la concesión de recursos naturales, lo que resultó en violaciones a los derechos humanos, especialmente contra el pueblo lenca. La resistencia al proyecto, liderada por la activista Berta Cáceres¹³, culminó con su asesinato en 2016, lo que subrayó la gravedad de la situación (CESPAD, 2021).

Para el CESPAD (2021), la red de corrupción público-privada que facilitó la concesión del río Gualcarque se caracterizó por una compleja estructura de interacción entre funcionarios públicos y actores privados, especialmente vinculados con la empresa DESA (Desarrollos Energéticos S. A.) (CESPAD, 2021).

Esta institución destaca que esta red no solo involucró a miembros del Gobierno y del sector judicial, sino también a actores internacionales interesados en la explotación de recursos naturales en Honduras. La red funcionaba mediante la manipulación de los procesos administrativos, usando conexiones políticas para obtener permisos y licencias de manera irregular. Este caso revela cómo la corrupción puede ser institucionalizada, operando de manera sistemática a través de redes que conectan diferentes niveles del Gobierno con intereses empresariales privados (CESPAD, 2021).

Figura 5. Red de corrupción público-privada en la concesión del río Gualcarque

Fuente: elaboración propia utilizando el software Pajek, sobre la base de la información proporcionada en el libro Las redes de corrupción detrás de la concesión de ríos de Honduras. Gualcarque: la evidencia de la colusión entre la empresa privada y los poderes del Estado (CESPAD, 2021)

Al analizar la Figura 5 es importante tener presente que los actores principales en esta red incluyen funcionarios de alto rango en el Gobierno hondureño, jueces, fiscales, y miembros de las fuerzas de seguridad, junto con empresarios locales e internacionales. La influencia de estos actores en la manipulación de decisiones administrativas y judiciales fue crucial para asegurar que el proyecto avanzara a pesar de la oposición legal y social. Estos actores utilizaron su poder para silenciar a opositores, manipular la opinión pública, y garantizar la impunidad de quienes cometían actos de violencia contra los defensores del río. La conexión entre estos actores refleja un nivel de colusión que va más allá de la simple corrupción, mostrando una integración total entre intereses privados y públicos para el beneficio mutuo. También es importante destacar, que la corrupción dentro de la administración pública jugó un papel directo en la violación de derechos humanos en este caso. Al manipular los procesos judiciales y administrativos, la red corrupta no solo facilitó la concesión ilegal del río, sino que también contribuyó a la violencia y represión contra aquellos que se oponían al proyecto, como Berta Cáceres.

La muerte de Cáceres es un ejemplo claro de cómo la corrupción no solo debilita el Estado de derecho, sino que también perpetúa un ciclo de violencia contra defensores de los derechos humanos y del medio ambiente. En contextos de fragilidad institucional como el de Honduras, la corrupción se convierte en un mecanismo que asegura la impunidad para aquellos que violan derechos fundamentales.

La investigación reveló que la relación entre corrupción, administración pública, y defensa de derechos humanos en contextos de fragilidad institucional como el de Honduras, tiene profundas implicaciones. La debilidad del sistema judicial y la falta de independencia en los órganos del Estado crean un entorno donde las redes de corrupción pueden operar con impunidad. Esto no solo socava la confianza pública en las instituciones, sino que también perpetúa un ciclo de violencia y represión. La capacidad del Estado para actuar de manera justa y proteger los derechos de sus ciudadanos se ve gravemente comprometida, lo que a su vez facilita la perpetuación de estas redes corruptas.

5. Discusión y conclusiones

Se utilizó el análisis de redes sociales (ARS) mediante Pajek para mapear la corrupción en Honduras. Mediante la combinación de métodos cuantitativos (visualización de redes) con cualitativos (hermenéutica de informes), se supera el análisis tradicional basado en estadísticas o testimonios. Documenta con detalle el caso del río Gualcarque y el asesinato de Berta Cáceres, proporcionando un modelo para analizar cómo las redes de corrupción operan en contextos de alta fragilidad estatal.

La investigación, proporciona datos concretos sobre la estructura de las élites hondureñas, útiles para futuras investigaciones comparativas, sintetiza teorías de corrupción sistémica, captura del Estado y derechos humanos, demuestra cómo funcionan las conexiones entre actores y vincula hallazgos académicos con luchas sociales, contribuyendo de manera relevante al estado del arte, especialmente en metodología ARS con estudios de caso; empiria con datos originales sobre redes hondureñas y, sobre la integración de perspectivas en el marco teórico, proponiendo un marco multidimensional para estudiar el fenómeno.

Para fortalecer la institucionalidad democrática, el Estado de derecho y el combate a la corrupción en el mundo, es necesario que la Comunidad Internacional y los Estados, cuenten con órganos judiciales e instituciones encargadas de la aplicación de la ley independientes, transparentes y dotadas de recursos suficientes, que sean capaces de evitar que el abuso del poder político, el soborno y otras formas de corrupción que influyan en los sistemas de justicia para asegurar que estos sean eficaces.

La investigación representa un gran aporte académico para la lucha contra la corrupción, la protección de los recursos humanos, restaurar la confianza en las instituciones públicas y fortalecer la administración pública de Honduras, con miras a que el Estado hondureño pueda contar con mecanismos claves que permitan fortalecer su institucionalidad democrática y garantizar su independencia y transparencia.

Revela cómo las élites hondureñas han manipulado las transiciones políticas y económicas para consolidar su poder, utilizando tanto mecanismos legales como ilegales, creando un sistema político y económico que opera principalmente en beneficio de estas élites, a expensas de la mayoría de la población. La corrupción y la explotación de recursos naturales son aspectos claves de este sistema. En tal sentido, es importante comprender, el papel de las élites y las redes de poder en la configuración del régimen político de Honduras, y cómo impacta en la gobernabilidad y la justicia social en el país.

Las redes de corrupción en Honduras han operado a través de la colusión entre actores privados y funcionarios públicos, como se detalla en el caso del río Gualcarque, el cual ejemplifica la capacidad de estas redes para manipular procesos legales y administrativos, garantizando concesiones ilegales y protegiendo los intereses de grupos poderosos en detrimento del bienestar público. Es necesario profundizar en el análisis de cómo estas redes no solo debilitan el estado de derecho, sino que también perpetúan un ciclo de impunidad y corrupción que erosiona la confianza en las instituciones.

La investigación muestra cómo la corrupción dentro de la administración pública contribuyó directamente a la violación de derechos humanos en el contexto de la concesión del río Gualcarque. Resulta fundamental, analizar el impacto de la corrupción en el debilitamiento de la protección de los derechos de comunidades vulnerables, como el pueblo lenca, y cómo la oposición de Berta Cáceres a estas injusticias culminó en su asesinato, así como en lo concerniente a la violencia contra defensores del medio ambiente y derechos humanos.

Es necesario que el Estado de Honduras sistematice la experiencia y aporte de Berta Cáceres en la lucha contra la corrupción en el caso del río Gualcarque, y garantice justicia a su familia, su asesinato simboliza la colusión de la corrupción y la Administración Pública, especialmente del Sistema de Justicia, destacando la gravedad que genera la impunidad en este caso tan emblemático. En tal sentido, la investigación destaca la necesidad urgente de reformas estructurales en el sistema judicial y en la administración pública de Honduras, las cuales deben enfocarse en fortalecer el Estado de derecho, para desmantelar las redes de corrupción y proteger los derechos humanos.

Es fundamental que el Gobierno de Honduras tenga conciencia de la ineficacia actual del Estado hondureño para enfrentar las redes de corrupción, lo que demanda la necesidad urgente de reformas profundas que incluyan el fortalecimiento del sistema judicial y de la administración pública, la promoción de la transparencia y la rendición de cuentas, y la protección efectiva de los defensores de derechos humanos.

Se alcanzó el objetivo principal de la investigación, al evidenciar cómo las redes de corrupción público-privadas en Honduras han debilitado la administración pública y el Estado de derecho, particularmente en la concesión ilegal del río Gualcarque. La manipulación de procesos administrativos y judiciales permitió la explotación de recursos naturales, culminando en la muerte de Berta Cáceres. La corrupción estructural en Honduras no solo viola derechos humanos, perpetúa un ciclo de violencia e impunidad. Para combatir estas redes, es esencial fortalecer las instituciones judiciales y garantizar su independencia y transparencia, lo cual es crucial para proteger los derechos humanos y restaurar la confianza en la institucionalidad democrática del país.

Referencias Bibliográficas

Doctorado en Dirección Empresarial, Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Tegucigalpa, Honduras). Afiliación institucional: Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Tegucigalpa, Honduras). Correo electrónico: rosbym.padilla@unah.edu.hn. Temas de especialización: Estudios de Administración Pública, Gestión de Calidad y Política.↩︎
Maestría en Economía y Finanzas, Universidad Católica de Honduras (Tegucigalpa, Honduras). Afiliación institucional: Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Tegucigalpa, Honduras). Correo electrónico: sergio.padilla@unah.edu.hn. Temas de especialización: Inteligencia artificial, Banca y Finanzas y Sostenibilidad empresarial.↩︎
Maestría en Doctrina Social de la Iglesia, Universidad Pontificia de Salamanca (Salamanca, España). Afiliación institucional: Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Tegucigalpa, Honduras). Correo electrónico: marvin.ponce@unah.edu.hn. Temas de especialización: Derechos humanos, Corrupción y Participación Ciudadana.↩︎
Soriano, E. (s. f.). Una mirada a la Honduras contemporánea: del ajuste neoliberal. Tegucigalpa, Honduras: Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Studocu.↩︎
Ver enfoques, diseños, tipos y alcances de la investigación científica (Hernández Sampieri, R., 2014).↩︎
Es un software para el análisis y visualización de redes sociales, desarrollado en la universidad de Ljubljana, Slovenia, por Vladimir Batagelj, Andrej Mrvar y la contribución de Matjaž Zaveršnik (Ruiz León, A. A., 2013).↩︎
Según Begoña Moreno (2018), son resúmenes claros y estructurados de la información disponible orientada a responder una pregunta específica (Begoña Moreno, 2018). Según este autor, dado que están constituidas por múltiples artículos y fuentes de información, representan el más alto nivel de evidencia dentro de la jerarquía de la evidencia (Begoña Moreno, 2018)↩︎
Según Morella J. et al. (2006) el análisis hermenéutico es una teoría general de interpretación, dedicada a la atenta indagación del autor y su obra textual (Morella Arráez, 2006).↩︎
Según Fuster Guillen (2019) el método fenomenológico se fundamenta en el estudio de las experiencias de vida, respecto de un suceso, desde la perspectiva del sujeto (Guillen, 2019).↩︎
Arnau Sabatés y Sala Roca (2020) señalan que la revisión de literatura es una fase imprescindible en cualquier trabajo de investigación, que ayuda a situar la investigación y a sustentarla teórica y conceptualmente a partir de lo que otros investigadores han escrito sobre la temática (Arnau Sabatés, 2020). Para estas autoras, se trata de localizar las aportaciones más relevantes sobre el tema de estudio, definir conceptos y teorías que sirvan para fundamentar y comprender el problema y valorar cómo este encaja en un marco más general de investigación (Arnau Sabatés, 2020).↩︎
Según Soriano Ortiz E. (2016), el COPINH sigue en la lucha por la defensa del río Gualcarque y de sus territorios, ya que, en Honduras, persiste la mercantilización de los recursos naturales poniéndolos a disposición de empresas extranjeras y nacionales. El COPINH, actualmente exige al Estado cumplir los convenios internacionales, investigar a través de una comisión internacional el crimen de Berta Cáceres, desmilitarizar la zona, declarar patrimonio cultural al río Gualcarque y que se proceda a desgavetar y aprobar el anteproyecto de la ley de la Consulta, Previa, Libre e Informada que elaboro el observatorio de los pueblos indígenas y negros de Honduras (Ortiz, 2016).↩︎
Barahona (2018) señala, que según cifras publicadas por la Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS), hasta el 31 de agosto de 2016 los bancos del Sistema Financiero Nacional administraban, en sus departamentos de fideicomiso, un total de L 87, 504,611.5. De esta suma, Banco Ficohsa administraba L 24, 861,212, que representan el 28% del total (Barahona, 2018).↩︎
A pesar de las irregularidades y las denuncias, el Estado hondureño no tomó medidas preventivas suficientes, lo que permitió que el proyecto avanzara y resultara en la trágica muerte de Cáceres (Caso río Gualcarque).↩︎

Corrupción y administración pública, un vínculo generador de pobreza y muerte: un análisis de redes a la concesión del río Gualcarque, en Honduras

Corruption and Public Administration as a Link Generating Poverty and Death — Network Analysis of the Gualcarque River Concession in Honduras